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Lima y la economía política del orden

Publicado: 2013-03-10

¿Cómo se ve el futuro luego de la consulta de revocatoria en Lima? Existen dos maneras de aproximarse a esta pregunta. La primera, y la más practicada recientemente, es enfocarse en el destino de los actores que protagonizan este juego. Quisiera intentar, sin embargo, una segunda manera de hacerlo: preguntarnos por el destino de la ciudad de Lima luego de estas elecciones y mucho después de ellas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan la ciudad y los políticos que aspiren a gobernarla en el futuro?

Una ciudad tan poblada y de la extensión de nuestra capital enfrenta problemas comunes a los de toda gran ciudad: inseguridad ciudadana, tráfico vehicular excesivo, contaminación y un largo etcétera. Sin embargo, Lima, junto a otras ciudades de Latinoamérica enfrenta un problema de particular importancia: la informalidad. Lima convivió por muchas décadas y convive aun hoy con la informalidad y el irrespeto a la ley. El desalojo de La Parada y la reforma del transporte han puesto de manifiesto lo difícil y complejo que resulta modificar el status quo una vez que la inercia y los intereses se alinean para darle continuidad. ¿Cómo se llegó a esta situación y por qué ahora comienza a visibilizarse el problema?

Alisha Holland, una estudiante doctoral de ciencia política en Harvard, considera que ciertas formas de transgresión de la ley son toleradas por los políticos porque constituyen, aunque de forma informal, una forma de redistribuir recursos hacia los más pobres en un contexto en el que el Estado es incapaz de ofrecer beneficios sociales de forma extendida y universal. En aquellos lugares en los que no existe la capacidad para proveer a los ciudadanos pobres de una red de protección social a través de bienes y servicios públicos, los políticos intentan atender sus intereses a través de la transferencia de un recurso: el control del espacio público. Lima, nuestra ciudad, es uno de sus casos de estudio. Holland calcula que en Lima el gobierno provee, de facto, un subsidio anual de 1560 dólares por vendedor informal cuando le permite ocupar la vía pública y evitarse el pago del alquiler de un puesto formal y regulado. La importancia de este subsidio queda clara cuando se le compara con lo invertido en el programa del “Vaso de Leche”: 115 dólares anuales por familia.

La tesis de Holland no trata específicamente con el origen de esta situación, sino que busca explicar variación en la tolerancia a la informalidad en el espacio y el tiempo a las últimas dos décadas. Sin embargo, una lógica similar a la suya podría aplicarse para entender por qué Lima cedió al incumplimiento de la ley varias décadas atrás y por qué este será un problema cada vez mayor en el futuro mediato.

Lima fue, hasta mediados del siglo XX, el símbolo más claro de un país excluyente y pensado desde y para las minorías. Cuando se añora el pasado de “orden y limpieza” de la Lima pasada, se pasa por alto que aquella era una ciudad flotante, en la que los servicios públicos y los recursos estatales eran suficientes para proteger a una minoría privilegiada, mientras que en el mundo rural hablar de ciudadanía no era sino apenas un ejercicio obsceno de abstracción. Un cambio dramático se inició a mediados del siglo XX: la migración masiva del campo hacia las ciudades en general, y hacia Lima en particular, supuso un sinceramiento de la realidad que ha sido caracterizado en el pasado por Matos Mar como un “desborde popular”. Ante este desborde en su capacidad para incorporar a la población al sistema político y económico, el Estado optó por no hacer uso de la fuerza represiva para suprimir el comercio y la vivienda informal, cediendo parte del control del espacio público y parte de su autoridad como medio para alcanzar una salida negociada con los nuevos limeños. La formación y desarrollo del mercado de La Parada es, quizás, el mejor ejemplo de este proceso. La “liberalización” del transporte público inmediatamente después de las políticas de ajuste estructural y la posterior falta de voluntad para regular el sector pueden entenderse, si bien con ciertas diferencias, desde una lógica similar.

Esta forma de distribución de la riqueza genera ciertas consecuencias no deseadas sobre quienes no se encuentran directamente involucrados en esta relación, todas ellas resumibles en la degradación del espacio público. Además de ello, la institucionalización de la informalidad incentiva la creación de grupos interesados en su reproducción y en extraer recursos a partir de su funcionamiento. Que el Estado no regule una actividad no quiere decir que esta permanezca del todo desregulada: solo implica que esa tarea pasa a manos de otros agentes. No existe orden formal o informal que no asuma jerarquías y que, por lo tanto, no otorgue poder a unos por sobre otros. Traficantes de terrenos, traficantes de puestos de venta, hampones y “taytas”, son todos partes de la “ecología” de la informalidad, del sistema que regula quiénes entran y quiénes salen del sistema, y cuál es el precio de permanecer en el mismo. Como ya se dijo, la razón por la que el Estado tolera estas consecuencias no deseadas y la existencia de grupos de interés que extraen rentas del orden informal es que no existen alternativas que permitan, desde el propio Estado, recuperar el orden público y, al mismo tiempo, incorporar a la población a través de políticas de bienestar que los compensen por el espacio perdido.

Esta situación, sin embargo, está cambiando. El Perú y Lima empiezan a sufrir de los problemas derivados ya no de la depresión económica, sino del crecimiento. En el camino por mejorar los estándares de vida de los ciudadanos y la productividad económica en la ciudad, la informalidad comienza a ser vista cada vez más como un mal difícil de tolerar por una creciente clase media. Precisamente, la demografía electoral y los deseos de orden de la clase media están entre los determinantes que identifica Holland para entender por qué los políticos asumen políticas enérgicas de eliminación de la informalidad. Los políticos y el Estado tienen ahora recursos para compensar a los más pobres por hacer prevalecer la ley y existen transferencias de recursos que generan menos consecuencias no deseadas que las que implica la cesión del poder sobre el espacio público. Existen, en suma, las condiciones para mejorar las condiciones de vida de la población pobre y no pobre, sin sacrificar en el camino la habitabilidad de la ciudad. Tenga éxito o no la revocatoria, esta será una de las tareas más importantes y complejas que le espera a las futuras autoridades de Lima.


Escrito por

rodrigobarrenechea

Estudiante del doctorado en Ciencia Política en Northwestern University, Estados Unidos


Publicado en

Colaboradores muleros

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